Uno de los puntos más críticos es el aumento significativo de las multas por un registro inadecuado de los horarios. La sanción, que ahora puede alcanzar los 10.000 euros, se aplicará por trabajador y no por empresa, lo que supone un incremento considerable del riesgo económico para los negocios. Esta penalización no se limita al registro de la jornada, sino que se extiende a otros aspectos laborales como los límites de la jornada, las vacaciones e incluso las horas extra.
Además, la Inspección de Trabajo tendrá acceso remoto a los datos de registro horario, lo que permitirá un control en tiempo real del cumplimiento de la normativa. El objetivo del Gobierno es garantizar un registro preciso del tiempo de trabajo, pero esto implica una mayor carga administrativa y un mayor riesgo de sanciones para las empresas.
Un aspecto particularmente problemático es la obligación de registrar todas las pausas que los trabajadores realizan durante la jornada laboral. Esto incluye desde las pausas para tomar un café o un bocadillo hasta las pausas para ir al baño. Las empresas deberán definir internamente cómo computar estas interrupciones, lo que genera incertidumbre y posibles conflictos laborales. Hasta ahora, salvo que estuvieran incluidas en convenio, este tipo de pausas no se consideraban tiempo efectivo de trabajo.
Las críticas a la reforma se centran en la falta de claridad en la normativa y en el excesivo control que se pretende ejercer sobre las empresas. La vicepresidenta Yolanda Díaz es señalada como la principal impulsora de esta medida, que se considera una injerencia en la organización interna de los negocios y un intento de «criminalizar» al empresario. Las empresas temen que esta reforma, en lugar de mejorar las condiciones laborales, genere un caos administrativo y un clima de desconfianza. En resumen, la reforma de la jornada laboral en España, con su enfoque en el control exhaustivo y las elevadas sanciones, plantea desafíos significativos para las empresas y genera un debate sobre el equilibrio entre la protección de los derechos de los trabajadores y la viabilidad de los negocios.
